España solicita a Alemania revisar sanciones a transportistas por uso de gasóleo bonificado en equipos de frío

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España solicita a Alemania revisar sanciones a transportistas por uso de gasóleo bonificado en equipos de frío
El Comité Nacional del Transporte por Carretera ha instado al Ministerio de Transportes a establecer un canal de diálogo con las autoridades alemanas, con el objetivo de frenar las sanciones impuestas a transportistas españoles por el uso de gasóleo bonificado en los sistemas de refrigeración de sus vehículos. Esta práctica, legal en España, ha generado conflictos en territorio alemán, donde la normativa difiere sustancialmente.

Según la legislación española, y en virtud de una resolución vinculante emitida por la Dirección General de Tributos en 2012, se permite el uso de gasóleo bonificado, conocido como gasóleo rojo, en los equipos de frío de los camiones, siempre que estos dispongan de un depósito independiente del motor principal. Esta medida busca aliviar la carga fiscal del sector logístico, especialmente en el transporte de mercancías perecederas.

Sin embargo, en Alemania, el uso de este tipo de carburante en unidades de refrigeración está prohibido. Las autoridades alemanas consideran que los depósitos de estos equipos forman parte del sistema principal del vehículo, por lo que deben utilizar gasóleo de automoción convencional. Esta interpretación ha llevado a la Aduana alemana (Zoll) a sancionar a varias empresas españolas durante controles rutinarios en carretera, alegando una posible elusión fiscal.

Ante esta situación, el Comité Nacional ha solicitado al Gobierno español que promueva un mecanismo de coordinación bilateral que permita armonizar criterios o, al menos, reconocer la normativa española como base para una excepción. “El hecho de que en España esté permitido debería ser considerado como argumento suficiente para evitar penalizaciones en otros países de la Unión Europea”, han señalado fuentes del Comité.

La petición busca evitar que las discrepancias normativas entre Estados miembros afecten negativamente a la competitividad del transporte internacional y a la seguridad jurídica de las empresas españolas que operan en Europa.